La tierra fronteriza de la cuenca del Segura. La involución territorial del antiguo Reino de Murcia

Si hay un eje vertebrador que caracterice y defina a una tierra de frontera como es el sureste de la Península Ibérica, ese elemento es sin duda el río Segura. Las tierras bañadas por su cauce cubren una superficie de más de 18.000 km², esparcido a lo largo de sus 325 km de recorrido desde su nacimiento en la Sierra de Segura hasta desembocar en el mar Mediterráneo.

Esta cuenca hidrográfica coincide, en gran medida, con la extensión del antiguo Reino de Murcia, reflejo de Tudmir y germen de la actual Región de Murcia. Un territorio que pese a su longeva existencia, ha venido siendo mermado en tamaño siglo tras siglo por numerosas divisiones y reformas administrativas que aquí abordaremos desde una perspectiva histórica.

Durante la Prehistoria Reciente, la denominada cultura argárica es la principal sociedad que podríamos mencionar para referirnos a una demarcación territorial del sureste peninsular entre el III y II milenio a.C. A través del estudio de los diferentes yacimientos de la Edad del Bronce en los que está presente su cultura material, podríamos decir que esta sociedad prehistórica se extendería por las actuales provincias de Murcia, Almería, Granada, Jaén y parte de Albacete y Alicante.

Al contrario que sucede en El Argar, definir territorialmente el Sureste peninsular con los diferentes pueblos íberos resulta harto complicado al desconocerse los límites entre ellos. Basándonos en las fuentes escritas desde el siglo VI a.C. (como Ptolomeo, Plinio o Estrabón), podríamos decir que esta zona geográfica estaba formada por: Bastetania al sur, Contestania entre los ríos Segura y Júcar, Mastia en la costa y Deitania al interior.

Con la fundación de Qart Hadasht por Asdrúbal en el siglo III a.C., los cartagineses establecen en ella su capital en la Península Ibérica. Durante la Segunda Guerra Púnica caerá en manos romanas tras su toma por Escipión en el 209 a.C., pasando a ser denominada Carthago Nova, convirtiéndose en una de las ciudades de más importancia y peso de Hispania. En la primera división romana del 197 a.C. pasa a formar parte de la Hispania Citerior y en el siglo I d.C. de la Provincia Tarraconensis, ambas con capitalidad en Tarraco.

Será durante el gobierno de Tiberio cuando se cree, dentro de la Tarraconensis, el Conventus Iuridicus Carthaginensis. Esta subdivisión de la provincia aglutinaba un vasto territorio que abarcaba las actuales Región de Murcia, Baleares, Andalucía Oriental, gran parte de Valencia y los cursos altos del Duero, Tajo y Guadiana. No sería hasta la división de Diocleciano del año 284 d.C. cuando se erija la Provincia Carthaginensis, de una extensión similar al anterior conventus.

Con el fin del Imperio Romano, durante los siglos VI y VII el sureste peninsular estuvo dividido entre la influencia hispanogoda y bizantina. En el empeño de Justiniano I en restaurar el Imperio Romano de Occidente, formó la Provincia Spaniae, territorio que ocupaba parte de las antiguas provincias de la Cartaginense y la Bética. Su capital sería Cartago Spartaria, la cual caería en manos de los godos en época de Suintila quedando destruida, tal y como recogió san Isidoro de Sevilla, entre los años 621 y 623.

En ese mismo siglo, Aurariola era uno de los ocho ducados citados como provincias visigodas en la obra Ravennatis Anonymi Cosmographia, siendo uno de los territorios autónomos de poder en los que la nobleza local hispanogoda se hizo fuerte controlando las grandes ciudades, tal y como era el caso del conde Teodomiro en Orihuela.

Ante la conquista musulmana, Abd al-Aziz y Teodomiro firmaron la capitulación comúnmente conocida como el Pacto de Tudmir en el año 713, haciendo en cierta medida autónoma a esta región. Este territorio individualizado recibiría el nombre de su dirigente y sus limitaciones geográficas quedan marcadas, en gran parte, por las siete ciudades mencionadas en el pacto: Orihuela, Lorca, Mula (Cerro de la Almagra), Alicante, Begastri, la Alcudia de Elche y Ello (muy probablemente el Tolmo de Minateda, Hellín). Gracias a autores como al-Razi o al-Udri sabemos que los límites de la Cora de Tudmir se extendían desde Denia hasta la comarca de Los Vélez y de la costa a la llanura albacetense, hasta segregarse Xàtiva y Denia en el siglo XI. Aunque los límites fluctuarían en esta unidad político-administrativa, se observan las líneas maestras de la futura articulación territorial del Reino de Murcia tras la conquista castellana y previa a los tratados de Torrellas-Elche del siglo XIV.

Si en el pacto de Tudmir la ciudad hegemónica parece ser Orihuela, enseguida, en las primeras centurias de la ocupación islámica, comienza a tomar relevancia Lorca, ciudad que controla el corredor que une el Levante con Andalucía. Tras la fundación de la ciudad de Murcia por orden de Abd al-Rahman II en el año 825, esta adquiera un papel fundamental en la configuración del espacio político de Tudmir como capital administrativa del estado cordobés y, lentamente y no antes del siglo XI, irá imponiendo su hegemonía como centro económico y administrativo. La Cora de Tudmir se convirtió en un territorio individualizado pero integrado en la estructura estatal como una provincia del estado que se dirigía desde Córdoba, una identidad geográfica que comenzó a mostrarse en la presencia de nisbas geográficas como “al-Tudmiri”, reflejo de la noción de pertenencia a esta región.

Durante el periodo de primeras taifas, a lo largo del siglo XI, surgieron los primeros estados independientes murcianos. Pese a que en un inicio la taifa de Murcia perdió parte de los territorios de la Cora de Tudmir en manos de las taifas de Denia, Almería y Valencia, esta controlaba un considerable territorio desde el norte de Alicante hasta Jorquera y de Vera hasta la Sierra del Segura. Un territorio que, a grandes rasgos, se mantendría dependiente de Mursiya hasta la conquista castellana y que se perfilaría tras ella. Tras pasar este territorio bajo el control de las taifas de Almería y Valencia durante un tiempo, Lorca proclamó en 1042 su independencia, corta pero floreciente, controlando Baza y Jaén. Posteriormente en 1065 se formó un estado independiente en Murcia bajo los Banu Tahir tras la conquista de Valencia por el emir de Toledo hasta 1078, fecha en la que cayó bajo el efímero control de al-Mutamid de Sevilla.

 

No sería hasta el periodo de segundas taifas, durante el gobierno de Ibn Mardanish, también conocido por los cristianos como el Rey Lobo, cuando la ciudad de Murcia se convertiría en capital en 1147 de un amplio emirato bajo la soberanía del califato abbasí de Bagdad, obteniendo así una fuerte vocación mediterránea.

Un territorio muy amplio, aunque de efímera presencia y relativo control, que abarcaba el Sharq al-Andalus desde Valencia hasta Murcia, extendiendo su poder por Baza, Guadix, Úbeda, Baeza y Jaén, llegando a alcanzar Écija y Carmona, sitiando las ciudades de Córdoba y Sevilla y teniendo bajo su control durante varios meses la ciudad de Granada. Todo ello sin contar los territorios gobernados por su aliado Ibn Hamusk desde Socovos hasta la sierra de Cazorla.

Pese a su gran presencia territorial, en estos momentos se produce la llegada del ejército almohade a al-Andalus, estando situado el estado mardanisí en una triple frontera con los principales estados peninsulares del momento, una disyuntiva en la que tuvo que pactar con los reinos cristianos para poder hacer frente a su lucha antialmohade. Pese a ello, Aragón y Castilla pactaban en 1151 el reparto de Murcia en Tudilén y el imperio almohade acabaría consiguiendo en 1172 la conquista del estado mardanisí. Es en este emirato del Rey Lobo donde se puede ver el primer antecedente del futuro Reino de Murcia, no solo por los ciertos límites territoriales y su condición fronteriza, sino por el vasallaje suscrito a Alfonso VII.

Tras la situación que vivía al-Andalus en los últimos años de la presencia almohade y el avance de las tropas castellanas y aragonesas hasta las puertas de Tudmir, Ibn Hud al-Mutawakil consiguió desde Ricote unificar al-Andalus y la restauración de la sumisión religiosa a los abbasíes de Bagdad entre 1228 y 1232, acabando este proyecto político tras su muerte en 1238 por diversas rebeliones internas y el avance castellano.

En 1230 se inició la conquista castellana, y ya en 1243 Muhammad Ibn Hud, que dominaba un territorio más o menos acorde a la extensión de la antigua Cora de Tudmir, acabó sometiéndose al protectorado castellano con el Tratado de Alcaraz. El infante Alfonso entró en la capital y acabó conquistando las ciudades que no se sumaron al acuerdo (Orihuela, Mula, Lorca y Cartagena) terminando dicha campaña en 1245. Los territorios ocupados al sur de Alarcón y Alcaraz se integraban de este modo en el Reino de Murcia, quedando bajo la autoridad del Adelantado Mayor, símbolo del rey que dotaba a este nuevo espacio político de una marcada identidad.

Los posteriores tratados de Almizra (1244), la intervención aragonesa de Jaime I tras la rebelión mudéjar (1266), la conquista de Jaime II del Reino de Murcia y el consecuente Tratado de Torrellas-Elche (1304-1305) redujeron las dimensiones del Reino de Murcia considerablemente, perdiendo la Vega Baja del Segura, el Vinalopó y el Campo de Alicante. Solo al finalizar la Guerra de los dos Pedros tras la firma de la Paz de Almazán (1375), el Reino de Murcia recuperaría Jumilla, Villena, Sax y Abanilla. Así se acabaron fijando las bases de esta marca fronteriza situada en un espacio de triple frontera con el reino de Aragón, el reino nazarí de Granada y el mar.

Durante la Edad Moderna el Reino de Murcia apenas sufrirá cambios en sus fronteras, salvando la variación del territorio lorquino (al obtener Huércal y Overa y perder Xiquena y Tirieza) y la concesión de Caudete al territorio murciano tras la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII. En 1789, el Conde Floridablanca organiza un nomenclátor de los pueblos de España en el que se refleja la división de esta en provincias. Una de ellas será la de Murcia, respetando la extensión del reino y subdividiéndola en nueve partidos: Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Hellín, Albacete, Chinchilla de Monte Aragón, Villena y Segura de la Sierra.

Diez años después de la conocida como “división de Floridablanca”, el superintendente general de Hacienda Miguel Cayetano crea a efectos fiscales seis provincias marítimas: Santander, Oviedo, Cádiz, Málaga, Alicante y Cartagena. No se designaron intendentes para estas provincias de nuevo cuño, sino que se ratificaron a los gobernadores militares como autoridad independiente en cuanto a rentas de puertos y costas se refiere. De esta forma quedaría dividido el territorio murciano en dos provincias: Murcia y Cartagena. Esta última comprendería una estrecha franja que abarcaba Águilas, Mazarrón, La Unión y Cartagena, desconociéndose en gran parte lo sucedido en la costa del Campo de Cartagena al norte de la Rambla del Albujón. La reforma quedó sin efecto en 1805, siendo fiel reflejo de su escasa implantación una circular del 8 de septiembre de 1802 en la que se instaba a los gobernadores y subdelegados a dar cuenta de los pueblos de su demarcación.

La provincia de Cartagena sería la única de las creadas en 1799 que se mantuvo fuera de los posteriores proyectos de divisiones provinciales, incluyendo el definitivo de 1833. Solo por el decreto del 29 de junio de 1821 reapareció para desaparecer meses después con la reforma territorial de 1822. Entre las razones de su desaparición destacan su escaso territorio asignado (el más pequeño de las actuales provincias de España) y la cercanía a Murcia capital para vertebrar una provincia (al contrario que las otras respecto a Burgos, León, Sevilla, Granada y Valencia).

En el siglo XIX abundaron los proyectos y reformas para modificar la división territorial en España, claro reflejo del tránsito del Antiguo Régimen al Estado liberal. Durante el gobierno de José I Bonaparte se plantearon dos proyectos de división territorial que no llegaron a aplicarse en su plenitud. Por un lado, el proyecto de Juan Antonio Llorente (1809) pretendía dividir España en departamentos de influencia francesa atendiendo a rasgos geográficos y naturales. Se formó así el Departamento del Río Segura, un territorio con capital en Murcia en el que se ganaban, respecto a la antigua división, la Vega Baja del Segura, el Bajo Almanzora y las comarcas de Húescar y Los Vélez, al tiempo que se perdían Segura de la Sierra y Villena-Sax.

Por otro lado, el proyecto de prefecturas de José de Lanz (1810) cogió como modelo el de Llorente y dividió la Prefectura de Murcia en cuatro subprefecturas: Murcia, Albacete, Cartagena y Huéscar. Con esta reforma se perdían el partido de Villena, la Vega Baja y algunas localidades almerienses como Vera, al tiempo que se ganaba parte de la Manchuela conquense.

Durante el bienio 1811-1812, las Cortes de Cádiz trazaron una nueva división provincial manteniendo los reinos históricos organizándolos en provincias, similares a los anteriores departamentos como el del río Segura. Finalmente no se puso en funcionamiento ante el regreso de Fernando VII y el restablecimiento de la división territorial de los tiempos de Floridablanca.

Tras la victoriosa revolución liberal de 1820 se implantó, por un decreto de Cortes del 30 de enero de 1822, una nueva división territorial que separaría el Reino de Murcia en dos provincias: Murcia y Chinchilla. La primera obtendría la Vega Baja del Segura, al tiempo que perdería Moratalla, Jumilla y Yecla en favor de Chinchilla, la que además obtendría Villarobledo, La Roda y Santiago de la Espada. Con esta reforma se sentaría el precedente de dividir el territorio histórico del Reino de Murcia en dos provincias, germen de la posterior división biprovincial de Murcia y Albacete.

Tras caer el régimen constitucional, se volvió a la “división de Floridablanca” durante diez años hasta que se produjo la definitiva y casi en totalidad vigente división provincial de Javier de Burgos, Ministro de Fomento de la Regencia de María Cristina. Así, mediante el Real Decreto del 30 de noviembre de 1833, se establecieron 49 provincias y 15 regiones siguiendo a veces, como en este caso, criterios más económicos que históricos y geográficos.

El territorio murciano quedaría dividido de forma biprovincial en Albacete y Murcia. De esta forma, la provincia de Albacete incorporó territorios manchegos pertenecientes a Castilla La Nueva como la Manchuela, Campo de Montiel, La Roda y Sierra de Alcaraz, pasando poblaciones como Villarobledo de fuerte componente manchego a esta provincia, una de las claves para comprender la posterior división definitiva de ambos territorios en 1982. Por otro lado, la provincia de Murcia recuperaría sus históricas Moratalla, Jumilla y Yecla (respecto a Albacete) pero perdería, además de Segura de la Sierra como ya hizo en 1822, la Vega Baja del Segura, Huércal-Overa y la comarca de Villena.

El caso de esta última sucedería posteriormente mediante el Real Decreto del 9 de septiembre de 1836 con Biar, Benejama y Sax, algo en lo que tuvo mucho que ver el villense Joaquín María López, que consiguió cambiar territorialmente su comarca natal a la provincia a la que representaba en el congreso. Algo similar sucedería con Huércal-Overa y el territorio comprendido entre Garrucha y Los Vélez, que pasarían a la provincia de Almería, y por ende al Reino de Granada, de la mano del granadino Javier de Burgos.

Cabría destacar que durante la revolución cantonal (1873-1874) coexistieron dos concepciones territoriales del Cantón Murciano: la de la propia ciudad de Murcia que quería mantener los límites de la provincia formada en 1833 y la cartagenera, la cual buscaba reunir las localidades históricas del antiguo Reino de Murcia.

La división territorial sufriría escasísimas modificaciones durante la Dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Dictadura franquista. Solo ciertas ideas se fraguaron en las mentes de algunos políticos, como la de José María Ibáñez Martín.

Este concejal del Ayuntamiento de Murcia reclamó en 1923 la formación de una región con capital en Murcia que aglutinase las provincias de Albacete y Murcia, así como la Vega Baja, el territorio almeriense al norte del río Almanzora, la comarca de Húescar y la Sierra del Segura. Entendía que geográficamente el río Segura creaba una unidad física perfectamente definida, al igual que manifestó públicamente en 1931 el alcalde radical socialista de Murcia López Ambit al referirse por igual a la unidad de esta región natural bañada por el Segura. Ya durante los últimos años del franquismo tomó forma un proyecto regional que aglutinaba Albacete, Alicante, Almería y Murcia bajo una concepción principalmente económica que no llegó a cuajar y que fue completamente olvidada durante la Transición.

En 1982 la provincia de Albacete pasó a formar parte de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, en un proceso precipitado en el que los intereses económicos en un provincia dividida (aunque territorial y demográficamente más manchega que murciana) acabaron pesando más que los propiamente históricos o geográficos. Así acabaron desligándose comarcas históricas del antiguo Reino de Murcia como el Campo de Hellín, Sierra del Segura y el Corredor de Almansa, que habían formado parte de esta tierra desde la Edad Media.

Así la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se constituyó a imagen y semejanza de la provincia de Murcia diseñada por Javier Burgos en 1833, dando de lado a un profundo y necesario debate sobre la configuración territorial del sureste de la Península Ibérica. Por tanto, el territorio de una región natural unida por un río acabó siendo sesgado y fragmentado, en buena medida, por su propia condición fronteriza. Pese a ello, por paradójico que pueda resultar, numerosos aspectos geográficos, históricos, lingüísticos y culturales no entienden de fronteras y siguen tendiendo puentes más allá de las líneas trazadas por sucesivas reformas administrativas hasta nuestros días.

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